Dentro de la durísima ofensiva gubernamental contra los derechos
sociales y laborales de la clase trabajadora, los servicios públicos de
sanidad y de educación están siendo atacados con particular saña. En el
sector de le educación pública llevamos ya años asistiendo a políticas
de recortes sistemáticos en detrimento de la calidad de la enseñanza.
Tales recortes, hasta ahora, se habían desarrollado en el marco de las
diferentes administraciones autonómicas, lo cual ha tenido una doble
consecuencia: por un lado las restricciones impuestas han aparecido
públicamente como efecto de las decisiones particulares de cada uno de
los gobiernos que las han llevado a cabo y por lo tanto, en falsa
apariencia, relativamente ajenas a un proyecto global. Por otra parte,
las fuertes movilizaciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo
en determinadas naciones o territorios del Estado (Andalucía,
Catalunya, Madrid, País Valencià...) han permanecido relativamente
aisladas y con escasa coordinación ninguna entre ellas.[click aqui para artículo completo]
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