Ayer 22 de marzo, mientras centenares de miles de personas de Madrid y de todo el Estado estaban a punto de concluir la manifestación y el acto central convocado por las Marchas de la Dignidad y los cortejos discurrían todavía por el Paseo de Recoletos, la policía que acordonaba la sede del PP cargó contra las personas concentradas en Colón.
La policía cargó a pesar de que el acto estaba legalizado y de que aún no había concluido. La excusa, el lanzamiento de varios petardos a los pies del cordón policial por varios encapuchados ajenos a la manifestación y, posiblemente, compañeros de quienes realizaban las cargas. A continuación varias dotaciones policiales estacionadas en la calle Jorge Juan interceptaron la manifestación, partiéndola en dos.
Culminó así la estrategia de provocaciones y de criminalización de las Marchas de la Dignidad puesta en pié por el PP a través del Presidente de la Comunidad de Madrid (llamando nazis a los convocantes de las Marchas), del Ministerio del Interior (reteniendo ilegalmente autobuses y coches en las carreteras de acceso a Madrid) y de la delegada del gobierno (justificando el despliegue de 2000 policías ante una movilización convocada por “la izquierda más radical “).
Así, los medios de comunicación de masas al servicio del sistema han podido extenderse complacidos en descripciones de los enfrentamientos de radicales violentos con la policía, de los disturbios, del número de policías heridos y de la cantidad de personas detenidas. Por supuesto casi ninguna palabra han dicho sobre el éxito de una movilización histórica (la mayor con diferencia de cuantas se han convocado al margen de la triada PSOE- CCOO-UGT), el calado de sus reivindicaciones y exigencias o el impacto de la movilización a pesar del bloqueo informativo de estos mismos medios de desinformación.
Desde Izquierda Anticapitalista denunciamos esta estrategia de criminalización totalmente antidemocrática que persigue evitar la masividad de las movilizaciones, en particular de aquéllas convocadas al margen de las direcciones de CCOO y UGT, identificando en los medios de comunicación y en el imaginario popular tales protestas con violencia y disturbios. Exigimos igualmente la inmediata puesta en libertad sin cargos de todas las personas detenidas y la dimisión de la delegada del gobierno en Madrid.
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