Ante la Ley Mordaza

El Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana supone una respuesta sistémica a una forma de conflictividad que presenta como notas definitorias, por un lado, el cuestionamiento de los poderes políticos y económicos del sistema, así como de sus instituciones (propiedad, fuerzas y cuerpos de seguridad, Monarquía, modelo territorial…), y, por otro, la toma de espacios públicos, prescindiendo de las prescripciones legales reguladoras del derecho de reunión.
Esta iniciativa se encuadra en un conjunto de medidas legislativas encaminadas a intensificar el marco represor del Estado: reforma del Código Penal, modificación de la Ley de Seguridad Privada que supone arrogar el uso de la fuerza a empresas de seguridad y la anunciada reforma del derecho de huelga. La clase trabajadora, ante esta batería de medidas, debe valorar que la ofensiva neoliberal continuará, lejos de los cantos de sirena de distintas instancias sobre el fin de la crisis. Recientemente, el Ecofin ha exigido al Gobierno la aceleración de distintas reformas: una fiscal, la de las pensiones y prestaciones por desempleo, una segunda reforma laboral… dirigidas a contener el gasto. Esta sucesión de reformas puede incrementar la conflictividad laboral y social, y el Estado se prepara para dar una respuesta. Sólo podemos valorar convenientemente el impacto de la futura Ley de Seguridad Ciudadana en este contexto. No se trata de una Ley anti-15M, como han recogido muchos medios alternativos, sino de una disposición que forma parte de una ofensiva represora, ante una probable movilización de colectivos de trabajadores y distintos movimientos. El impacto que puede tener, por ejemplo, la denominada privatización del uso de la fuerza con las nuevas prerrogativas de las empresas de seguridad, sólo puede evaluarse desde esta perspectiva. [clik aqui para artículo completo]