La “mayoría silenciosa”
se ha convertido en una categoría central de la política española
actual. En manos del Gobierno, es el arma arrojadiza contra cualquier
movilización que cuestione sus políticas. Los que protestan –contra los
recortes, contra las privatizaciones, exigiendo mayor democracia– son
siempre una minoría. Ruidosa, extremista, invariablemente manipulada. La
“mayoría silenciosa”, en cambio, sería la expresión
ontológica de una sociedad civilizada. La que se queda en casa, la que
soporta estoicamente los ajustes y las exhibiciones de impunidad de los
que mandan.
El problema se produce cuando las
minorías ruidosas comienzan a crecer. O cuando amenazan con votar como
no deberían. En esos casos, la “mayoría silenciosa”, o mejor, “silenciada”,
ya no es un concepto descriptivo. Es algo que conviene crear.
Aparatosamente, a través de una mayor represión directa. O de manera
sutil, a través de medidas que neutralicen o desgasten a quienes se
resisten a entrar en razón y que dificulten el control judicial. El
anuncio del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz de una reforma de
la Ley de Seguridad Ciudadana debe entenderse dentro de esta última estrategia.
Escarmentado por las movilizaciones anti-ajuste contra el PSOE y por el
crecimiento del soberanismo en Cataluña, la idea de estrechar el cerco
contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en
los planes del Partido Popular. El propio Ministro Fernández Díaz ha
acompañado cada movilización contra su Gobierno con un anuncio de
restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones
existentes. A menudo, estos anuncios han sido tratados como globos
sondas, como una suerte de provocación destinada a quedar en nada o en
muy poco. Lo cierto, sin embargo, es que han producido cambios concretos
en el marco normativo y han dado cobertura a actuaciones policiales que
hubieran resultado intolerables unos años antes.[click aqui para artículo completo]
